Ángel Martínez, conocido en redes sociales como “Detective Ángel Martínez”, atraviesa una compleja situación judicial tras revelarse serios cuestionamientos sobre la legalidad de su labor como investigador en Estados Unidos. De acuerdo con registros oficiales, no posee una licencia válida que lo acredite como detective privado en dicho país, y además presenta antecedentes penales vinculados a fraudes cometidos en Miami, Florida.
Documentos del condado de Miami-Dade revelan que, el 16 de agosto de 2013, Martínez fue arrestado por un presunto caso de hurto mayor en tercer grado, bajo el expediente número 13-019119. La denuncia partió de víctimas y familiares de personas privadas de libertad, quienes afirmaron que el acusado solicitaba pagos por supuestos servicios legales e investigativos que jamás se realizaban. Una vez obtenía el dinero, desaparecía sin ofrecer respuesta ni seguimiento.
A pesar de su constante actividad en plataformas digitales, donde se presentaba como analista político e investigador, autoridades dominicanas han expresado preocupación por el verdadero trasfondo de su figura mediática. Según estas, dicha imagen habría sido construida como una fachada para encubrir una red de chantaje y extorsión con fines económicos.
El Ministerio Público de la República Dominicana lo vincula con múltiples delitos, incluyendo delitos tecnológicos, difamación agravada, lavado de activos y asociación ilícita. Estas acusaciones se basan en más de diez denuncias formales presentadas por personas que aseguran haber sido perjudicadas.
Martínez habría utilizado plataformas como YouTube y redes sociales para monetizar contenido polémico, generando ingresos actualmente bajo investigación por parte de autoridades dominicanas e internacionales. Esta pesquisa financiera transfronteriza busca rastrear el origen y destino de los fondos relacionados con sus actividades.
Actualmente, enfrenta procesos judiciales en varias jurisdicciones y se ha emitido una orden de captura internacional en su contra. Las investigaciones se centran tanto en su flujo financiero como en el alcance internacional de sus operaciones.
La difusión de su historial penal en EE.UU. y la confirmación de su falta de licencia como detective han deteriorado su imagen pública, dejando al descubierto una serie de actividades cuya legalidad aún está bajo análisis por parte de las autoridades competentes.
