En varias ocasiones, el Ministerio Público ha asegurado que investiga al expresidente Danilo Medina por su supuesta vinculación en actos de corrupción administrativa.
Aunque en sus declaraciones a la opinión pública, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y la fiscal Mirna Ortiz, no han ofrecido mayores detalles de esta investigación, al menos esta última informó, en mayo del año pasado, que no habían encontrado elementos suficientes que vinculen al exmandatario en acciones fuera de la ley.
A pesar de esto, en al menos tres casos de corrupción administrativa, presentados por el Pepca desde el 2020 a la fecha, el nombre de Danilo Medina ha salido a relucir.
Estos casos tienen la particularidad que involucran a personas con vínculos de sangre o muy buenos amigos del expresidente y que, a medida que han surgido los casos, los señalamientos contra el exmandatario han sido más contundentes.
El primero de los señalamientos se hizo en la acusación a los involucrados en el caso Antipulpo, donde el principal implicado es el hermano del exmandatario, Juan Alexis Medina Sánchez.
De acuerdo a Ministerio Público, este hombre tuvo un “ilícito crecimiento económico”, gracias a que se apoyó en su condición de hermano del presidente de la República y en el escudo del poder irradiado desde el gobierno.
Señalan que sin ser empresario, ni un emprendedor exitoso, logró un alto ascenso económico gracias a las “acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”, quien gobernó al país desde el 2012-2016 y 2016-2020.
El nombre del exmandatario fue contabilizado en más de 50 oportunidades en este expediente.
Asimismo, al presentar, el año pasado, la acusación formal contra los implicados en el caso Medusa, donde el principal implicado es Jean Alain Rodríguez, el Ministerio Público estableció que el exprocurador General de la República, recibió apoyo incondicional de Danilo Medina.
Indicaron que Rodríguez tuvo la oportunidad que cualquier “criminal de cuello blanco” quisiera acceder: poder, informaciones privilegiadas, mecanismos de investigación sofisticados, un gran presupuesto, una partida económica millonaria y en especial el “apoyo sin condición del primer ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”.
Uno de los ejemplos que presenta el Pepca, de este apoyo en el expediente, fue que en agosto de 2018 el exprocurador solicitó dinero para la construcción de nuevos centros de corrección, la ampliación, construcción y redistribución de los centros de atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal y las ampliaciones de los nuevos modelos penitenciarios, lo que fue autorizado por Danilo Medina a través de una nota manuscrita donde decía: “Ministro Santana, Proceder con esta solicitud, firma: DM”.
“A pesar de que el Procurador General de la República no tener planificación ni estructura para realizar un proyecto de tal magnitud, tal era la alianza que existía entre el entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que un presupuesto de más de diez mil millones de pesos, decide su aprobación y ejecución con una simple nota, sin estudio, ni ponderación, como si el patrimonio del Estado fuera parte sus propiedades lo que evidencia el poco respecto por la finanza pública”, dice el expediente.
En este caso, el nombre de Danilo Medina sale a relucir en al menos 19 ocasiones.
El último señalamiento del Ministerio Público se evidencia en el denominado caso Calamar, que tiene como principales implicados a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
Plantean, en la solicitud de orden de allanamiento de este caso, que en 2019, antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina convocó a una reunión en su despacho en el Palacio Nacional, a varios miembros de alto nivel de su equipo, a quienes les instruyó para que buscaran dinero para las campañas políticas del 2019 (internas del PLD) y generales de 2020, a “sabiendas de que esa búsqueda era ilícita”.
Entre los presentes se encontraban Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros.
En esta solicitud de orden de allanamiento, el Ministerio Público detalla que algunos de los apresados por este caso adquirieron dinero para la campaña, creando cubicaciones falsas de obras a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y entregándoselas al ingeniero Bolívar Ventura. Este a su vez devolvía el dinero entregado por la obra que no se construía.
“Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación, de coalición para distraer del Estado los referidos RD$527,694,838.00”, dice la orden de allanamiento.
Como fruto de la operación Calamar, el Ministerio Público ha realizado unos 40 allanamientos, apresando hasta el momento a 19 personas, que son: el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández y el abogado Ángel Lockward.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Al grupo se les acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Este supuesto entramado distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
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