La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom) solicitó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y demás autoridades competentes delimitar las funciones de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) en esta área.
De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por el presidente de la sociedad, Miguel Monanci, en una rueda de prensa, explica que las ARS cumplen un papel preponderante en el sistema de salud; sin embargo, señala que sus funciones “no deben confundirse con el acto médico ni con la dirección clínica del tratamiento individual de un paciente”.
“Las decisiones sobre diagnóstico, indicación, cambio, suspensión o seguimiento de terapias oncológicas deben permanecer bajo responsabilidad del médico especialista tratante”, explicó el especialista.
Por otro lado, destaca la importancia de los programas de prevención, orientación, acompañamiento y detección temprana en casos. Sin embargo, sostiene que estos no deben dirigir al paciente hacia determinados centros, proveedores o canales de entrega. Tampoco que estos no deban dirigir al paciente hacia determinados centros, proveedores o canales de entrega; tampoco deben limitar su acceso, sustituir al oncólogo tratante o interferir con el tratamiento ya indicado.
Medicamentos oncológicos de alto costo
Monanci criticó también el manejo de los medicamentos oncológicos orales de alto costo, explicando que no se trata de “una simple entrega de pastillas”.
Estos medicamentos requieren explicación al paciente, vigilancia de efectos secundarios, revisión de interacciones, ajustes de dosis, seguimiento de adherencia y respuesta rápida ante complicaciones. Por eso, el acto médico asociado a estas terapias debe ser reconocido, respetado y protegido”, explicó.
Asimismo, habló sobre el acceso a medicamentos oncológicos y explicó que en este ámbito muchos tratamientos son vitales, costosos y no pueden esperar.
Cuando una sola empresa o un pequeño grupo controla la distribución o el suministro de medicamentos, pueden subir los precios, disminuir las opciones disponibles y dificultar que los pacientes accedan a los tratamientos que necesitan. Sostiene que la libre competencia en este campo debe proteger al paciente, no crear barreras adicionales.
